Por: Jhon Garrido
.- La Dirección General de Seguridad, Transporte y Tránsito Terrestre (DIGESETT) puso en marcha un sistema de control de velocidad. Se trata de radares digitales que miden la velocidad de los vehículos en movimiento. Sin embargo, la información servida por los periódicos (tal vez por falta de conocimientos jurídicos) informan que la DIGESETT, con la implementación de este sistema impondrá multas de tránsitos por exceso en la velocidad. Esta es una información que puede confundir. Veamos.
Conforme al orden legal que regula el tránsito vehicular, las multas las imponen los tribunales de la República. Una multa es una sanción que se origina cuando la autoridad (agentes de la DIGESETT) levantan un acta de infracción. Este documento debe ser llenado por el agente actuante conforme al artículo 22, de la Ley 63-17 que rige la materia.
La función de estos radares digitales es detectar el exceso de la velocidad, pero no ponen multas. El radar permite verificar que posiblemente se violó la ley que rige el tránsito en RD. El radar documenta información que permite ser utilizada como medio de prueba para imponer la multa. El radar nunca impone multa.
¿Es legal el radar digital para fiscalizar la velocidad? La respuesta es sí. La ley lo autoriza.
El artículo 22, de la Ley 63-17, establece que la DIGESETT utilizará los instrumentos adoptados por el INTRANT a los fines de determinar la velocidad de los vehículos en movimientos. En el mismo sentido se expresa el artículo 286 de esta ley que permite el uso de dispositivos electrónicos.
Por su parte, el artículo 140 del Código Procesal Penal, autoriza a las autoridades registrar imágenes o sonidos como forma de documentar total o parcialmente actos de pruebas. A todo ello se suma el principio de libertad probatoria que indica el 170 del CPP, expresa este artículo, que los hechos punibles se pueden acreditar mediante cualquier medio de prueba permitido salvo disposición expresa. Es decir, que, si los radares no están prohibidos de manera expresa, están permitidos.
El precedente del Tribunal Constitucional mediante su jurisprudencia vinculante expresó lo siguientes: “(…) este organismo no está facultado per se para imponer sanciones, sino que cuanto puede hacer es instrumentar dichas actas, recayendo la facultad sancionatoria en los tribunales especializados al efecto”, TC/193/20. Es decir, conforme a esta sentencia, la DIGESETT no tiene competencia ni facultad jurídica para imponer multas de tránsito. Esta institución solo puede levantar el acta de infracción que servirá como medio probatorio para que un tribunal imponga mediante sentencia la multa, si es que procede.
Es oportuno indicar, que quienes sirven las notas de prensas de las instituciones deben educarse respeto a los términos legales y por supuesto, los periódicos deben filtrar mejor las noticias que pondrán a circular en sus medios. Pues, una mala redacción o un mal uso de los conceptos jurídicos de la noticia puede confundir. Medios deberían contractar o tener una oficina legal que les ayudes en la redacción de la noticia que implique uso de términos legales.
