Distrito Nacional, Las denuncias de supuestos maltratos y violaciones a los derechos humanos en el proceso de deportación masiva que lleva a cabo la República Dominicana contra indocumentados haitianos, encontraron eco en el periódico «Vatican News», vocero oficial de la Santa Sede.
En la información, firmada por Greta Giglio, se refiere que la detención y deportaciones de indocumentadas embrazadas o lactantes en centros de médicos públicos del país, «es una clara violación de las normas internacionales de la ONU, que exigen la separación entre los servicios públicos y las autoridades migratorias, para evitar un clima de represión».
A continuación la información publicada en el portal de la Santa Sede
Por: Greta Giglio
Ciudad del Vaticano, Roma.- Las políticas en contra de la migración adoptadas por la República Dominicana empeoran el drama humanitario de la población haitiana, exponiendo a más peligros a mujeres embarazadas y madres con niños pequeños. Así lo denuncia el portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, citando datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-: en el último mes, casi 20.000 haitianos han sido expulsados de Santo Domingo y deportados a Haití. De ellos, casi mil eran mujeres embarazadas o en período de lactancia.
El nuevo protocolo de República Dominicana
Desde el 21 de abril, las autoridades dominicanas -nación que comparte casi 400 km de frontera terrestre con Haití- están aplicando un protocolo que prevé el arresto y expulsión de extranjeros sin documentación que acuden a hospitales públicos del país. Aunque se garantiza la atención médica antes del arresto, este procedimiento aleja a los haitianos del acceso a los servicios de salud y afecta, especialmente, a las mujeres embarazadas o con recién nacidos. Se trata de una clara violación de las normas internacionales de la ONU, que exigen la separación entre los servicios públicos y las autoridades migratorias, para evitar un clima de represión.
Políticas contra migrantes: marginación y deportación
El gobierno dominicano del presidente Luis Abinader inició ya en octubre de 2024 un masivo programa de deportaciones y, desde comienzos de 2025, han sido expulsados más de 86.000 ciudadanos haitianos. La política migratoria de Abinader también incluye la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre República Dominicana y Haití, así como el refuerzo del control fronterizo. “Intensificaremos la vigilancia en las fronteras con 1.500 tropas adicionales, además de las 9.500 ya desplegadas”, declaró Abinader en las últimas semanas. En las zonas fronterizas viven cientos de miles de haitianos, que huyen de la grave crisis humanitaria que afecta a su país, dominado por bandas criminales.
La denuncia de la ONU
Este nuevo sistema de deportaciones representa una nueva violación de los derechos humanos de los migrantes haitianos, ya expuestos a episodios de racismo, xenofobia e incitación al odio. Ulrika Richardson, coordinadora humanitaria de la ONU en Haití, subraya la importancia de adoptar medidas de protección para los más vulnerables. “Estas expulsiones plantean graves preocupaciones humanitarias y de derechos humanos —subraya Richardson— especialmente cuando se trata de mujeres embarazadas o madres con niños pequeños”.
Además de denunciar la grave situación, la ONU pide a la República Dominicana que implemente políticas migratorias que respeten la dignidad humana, especialmente ante la compleja crisis humanitaria que atraviesa Haití. En el último año, se ha intensificado la violencia de las bandas armadas, que ha causado víctimas civiles, desplazamientos, saqueos, hambre y asesinatos.
