Por: Tony Pichardo
.- En pleno siglo XXI, la República Dominicana está a punto de firmar una condena legal contra sus mujeres, niñas y adolescentes. El Congreso Nacional se apresta a aprobar un nuevo Código Penal que, lejos de avanzar hacia la protección de los derechos fundamentales, perpetúa la impunidad, consagra la discriminación y condena a muerte a quienes deberían estar más protegidas. Este no es un Código Penal moderno. Es un retroceso alarmante. Es, sin ambages, el Código Penal de la vergüenza.
A pesar de que en las vistas públicas celebradas una mayoría abrumadora de las organizaciones sociales, médicas, feministas, campesinas, jurídicas y de derechos humanos se pronunciaron a favor de la inclusión de las tres causales del aborto, la Cámara de Diputados y el Senado insisten en cerrar los ojos ante la realidad y los testimonios. Prefieren blindar privilegios eclesiásticos y proteger corruptos, antes que garantizar la salud y la vida de las mujeres.
La historia de Rosaura Almonte Hernández, conocida como Esperancita, debería bastar para conmover incluso al corazón más endurecido. Su muerte en 2012, por negársele el tratamiento contra la leucemia al estar embarazada, es una cicatriz nacional que aún sangra. Hoy, más de una década después, su madre —junto a otras víctimas— vuelve a rogar al Congreso que escuche. Pero parece que en los pasillos del poder, la sordera es selectiva.
El caso de Adilka Feliz, joven economista de 33 años, madre y activista, quien murió porque se le negó un aborto que podía salvarle la vida, nos recuerda que estas no son estadísticas frías ni teorías jurídicas: son cuerpos reales, sueños interrumpidos, familias destrozadas. Su muerte ha sido reconocida incluso con un minuto de silencio en el Congreso. ¡Qué ironía más cruel de honrar su memoria mientras se aprueba un Código que matará a otras como ella!
Pero la tragedia no termina en los cuerpos. Este Código Penal también busca blindar la impunidad: prescribe delitos de corrupción administrativa, deja fuera del alcance de la justicia a miembros de iglesias y permite que abusadores sexuales mantengan autoridad sobre sus víctimas. Borra la orientación sexual como causal de discriminación y reduce garantías de protección frente a la violencia intrafamiliar. La justicia, en este país, no solo es ciega; ahora también será cómplice.
Y mientras tanto, una gran parte de la bancada del PRM, que llegó al poder gracias al voto de muchas mujeres, hoy guarda silencio, traiciona su palabra y su historia. ¿Qué es una promesa rota frente al poder de la curul?
El Dr. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, lo dijo con contundencia: “Forzar a una mujer a continuar con un embarazo que no tiene posibilidades de nacer vivo es una forma de tortura psicológica y física”. No es un capricho. No es una agenda. Es una cuestión de vida o muerte. Negar las tres causales no salva ninguna vida. Las arrebata.
Este proyecto de ley es un grito desesperado del conservadurismo más rancio que quiere imponer su moral al resto de la población, aun si eso significa más ataúdes y lápidas con nombre de mujer. Nos quieren condenar a seguir siendo uno de los pocos países del mundo donde no se permite abortar ni siquiera cuando la vida de la madre está en peligro. Es la legalización del martirio femenino. Es inaceptable.
Si este Código Penal (el de Rogelio Genao) se aprueba tal como está, no solo será un fracaso legislativo. Será una sentencia histórica contra la dignidad de las mujeres dominicanas. Y ese peso moral y político lo cargarán quienes voten a favor, y quienes, pudiendo evitarlo, se cruzaron de brazos.
Las voces están ahí: campesinas, madres, médicas, activistas, académicas, abogadas, legisladoras de la diáspora, representantes de la sociedad civil. Todas han hablado con claridad. Ahora toca decidir si se legisla para proteger la vida o para proteger la hipocresía.
Porque cada día sin las tres causales es un día más de riesgo, de muerte evitable, de injusticia. Por Adilka, por Esperancita, por cada niña violada, por cada mujer enferma, por cada vida interrumpida… decimos alto y claro: las tres causales no pueden seguir esperando. Y si aprueban este Código de la vergüenza, que la historia los juzgue como lo que son: cómplices del dolor y muerte.
