Distrito Nacional, RD.- Más de 20 organizaciones sociales manifestaron su rechazo al proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados y llamaron al Senado a corregir los artículos que puedan representar un conflicto con la Constitución dominicana y así evitar que la ley sea declarada inconstitucional.
Sostienen que permanece la permisividad con la violencia hacia niñas y niños, excluyendo de la violencia intrafamiliar las agresiones que se perpetren con fines disciplinarios, esto representa una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, protegidos por la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Señalaron también que la tipificación del ultraje atenta contra derechos como la libertad de expresión y principio de legalidad; la prohibición de publicar la grabación sin consentimiento de la persona intervenida, pues puede entra en conflicto con la libertad de expresión, el derecho a la información y el interés público, sobre todo si se trata de denuncias de abuso policial, que muchas veces sólo se visibilizan gracias a su difusión en redes o medios.
Indicaron además que el concepto de espionaje lesiona el principio de legalidad debido al uso de términos ambiguos en la tipificación, pues no se define cuáles son los intereses fundamentales, tampoco lo que sería información confidencial, y tampoco se especifica el dolo, entre otros aspectos. Este tipo penal en la forma en que está previsto podría dar lugar a arbitrariedades y a persecuciones políticas.
Entre los temas que pueden implicar una contradicción con la Constitución, destacaron la exclusión de las tres causales, que atenta contra derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como el derecho a la vida, salud, dignidad e integridad de las personas.
Las organizaciones reconocieron que las y los diputados hicieron mejoras necesarias, después de días de arduo trabajo y una sesión de más de 10 horas, pero consideran que aún son insuficientes para proteger a la ciudadanía y garantizar castigo efectivo a la corrupción, venga de quien venga.
Criticaron que el proyecto ponga un plazo a la persecución de los delitos de corrupción, dejando una brecha para la impunidad; que exima de responsabilidad penal a las iglesias, ayuntamientos, partidos políticos y otras instituciones de carácter público; y que solo reconozca la violación en pareja si hay muestra de violencia física o si haya previamente sido drogada.
El proyecto de Código Penal pasará ahora al Senado. De no hacerse cambios, se considera aprobado por el Congreso y pasa a las manos del presidente Luis Abinader, quien deberá decidir si hace ajustes o aprueba sin cambios, convirtiéndolo en ley.
Las declaraciones fueron expresadas a través de comunicado por las siguientes organizaciones: Coalición Podemos, Red Urbano Popular, Coordinadora Nacional Popular, Instituto de Género y Familia de la UASD, Federación Sindical Mundial Capítulo Dominicano, Coalición por la Seguridad Social Digna, Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, UDEMU, CONAMUCA, CIPAF, Núcleo de Apoyo a la Mujer, CeMujer, Cosalup, CUDEM, Movimiento de mujeres Trabajadoras, Asociación de Trabajadoras del Hogar, Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal, Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, Fundación Expresiones Artes Salud y Género.
