Por: José Luis Taveras
.- Por fin cambió la actitud social frente a la difamación pública. Desde que ciertos ciudadanos decidieron demandar judicialmente a “profesionales de la calumnia”, estos lo piensan dos veces para seguir asesinando honras.
La sociedad se asumía indefensa frente a la práctica más oscura de la comunicación, pero bastó con que algunos agraviados empuñaran sus derechos legales para llevar a los tribunales a personalidades de ese sórdido comercio.
Ayer eran figuras temidas; hoy, recuerdan a realengos apocados; otros suplican piedad o les imputan intenciones políticas a acciones privadas.
Ahora pretenden victimizarse, y, como siempre, alegar que el Gobierno los persigue. Al argumento político se le echa mano cuando faltan razones de defensa. Ni son presos políticos ni la libertad de prensa está comprometida en la República Dominicana. Se trata del curso normal que agota un proceso judicial promovido por particulares.
Ahora esos leones saben las secuelas de sus desafueros; sus rugidos suenan como ladridos de cachorros. ¿Dónde quedaron esos anuncios de poner a “temblar al país”? ¿En qué baúl descansan las pruebas prometidas? No son más que bufones detrás de aclamaciones. Adictos a la notoriedad y con complejos de quijotes.
Aquí no hay restricciones ni trabas a la libertad de opinión; muy por el contrario, prevalece un estado exageradamente permisivo. Y eso no es obra de un Gobierno; es una consolidación de esfuerzos sociales y públicos de varias generaciones. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 publicada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) coloca al país entre los cinco mejor posicionados del continente americano en el ejercicio de esa libertad, solo superado por Trinidad y Tobago (19), Canadá (21), Jamaica (26) y Costa Rica (36). Eso alcanza especial relevancia en un momento regresivo para la región en la que 22 de los 28 países registraron caídas de tal indicador.
Aquellos paladines de la palabra de fuego que presumían conocer los secretos de la vida ajena e intimidaban con revelar los pecados ocultos de mucha gente están hoy desconcertados. Pena que ciertos querellantes convinieran acuerdos y desistimientos con ellos. Era necesario que sus acciones agotaran las últimas instancias.
Llegó el momento de quebrar esa impunidad y ponerle límites a una práctica libertina y abusiva. Hay que construir los precedentes a través de los tribunales y con ellos crear un entorno de acatamiento al honor de las personas.
Este simple ensayo pone de relieve lo que se logra cuando se hace uso de las garantías del sistema para reparar agravios. Es posible que no haya confianza en los tribunales, que cualquier acción judicial sea económicamente insostenible, que a la hora de ejecutar una sentencia el condenado no tenga un patrimonio que garantice el cobro de la indemnización, pero por cada sentencia pronunciada afirmaremos las bases del respeto personal en una cultura de olvidos.
Esta situación pone en perspectiva ese concepto laxo llamado “comunicación” en los medios y las plataformas digitales. La opinión, como oficio, sigue dominada por gente sin capacidad para estructurar un concepto básico. Con ese ejercicio necio de expresión intentan ganar fama, y la consiguen, claro, en medio de la ignorancia y la vulgaridad. Por esas carencias acuden a la maledicencia y a las falsedades. Son repetidores de informaciones envasadas; máquinas de fake news; fabuladores y teatristas del sensacionalismo barato. Sus seguidores son sus pares, movidos por la fuerza ciega del morbo y, en algunos casos, por el rencor social.
Este ambiente de agresión moral cargado de infundios, deshonras e injurias ha crecido por la inacción de los afectados. Hoy es un modelo de comunicación sin consecuencias. Lo peor: no solo predomina una validación implícita a esa expresión, sino que sus actores se asumen como defensores de la sociedad y una parte de ella los mira como celebridades. Cada día se asesina la honra de alguien y nadie repara en ello. Es tiempo de buscar los derechos… siempre han estado ahí.
