Carmen Imbert Brugal
.- Pena de la vida para quien pretenda interferir o alterar la presunción de inocencia. Práctica convertida en identidad del órgano persecutor, aunque después de la exitosa misión pactada en el 2020 tendente a judicializar enconos y a imponer el sadismo procesal, asoma un perceptible regreso a los principios.
La sobriedad procesal recuperada ha suspendido la irrupción de madrugada en las viviendas, con voyeristas dirigiendo operativos, gozando la humillación de sus perseguidos sin importar vestimenta ni la exposición al atropello de ancianos, enfermos, de infantes azorados con el sonido de las mandarrias derribando puertas.
La vuelta a la Constitución beneficia a los diferentes, esa grey que no es igual y lo sabe y su excepcionalidad conmina a las autoridades actuar en consecuencia.
EL poder judicial continúa en su laberinto corriendo junto a la vehemencia de una Procuraduría General de la República acostumbrada a la negociación para conservar respaldo sin alterar reinados legendarios. Pantomima con “me gusta” y garantía de permanencia en cargos que sirven para avalar y disfrazar la impunidad.
Piedad y fanfarronería para los supuestos involucrados en el caso SeNaSa calificado como “siniestro y cruel” por el director general de Persecución del Ministerio Público.
El funcionario habló mientras se negociaban las indulgencias a pesar del arrebato de la Procuradora cuando además de admitir su regusto con las delaciones, afirmó: “hasta este momento, el Ministerio Público no tiene pactado acuerdo definitivo con ninguno de los imputados en este proceso que ha sido judicializado”-10-XII-2025-. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes atentaron contra la independencia y llevaron un documento para la firma con un sí o sí?
El fracaso de la aplicación del criterio de oportunidad, de esas revelaciones que descubren la catadura del delator está más que confirmado. Es proporcional a la fragilidad investigativa. Su vigencia, con extorsión incluida, arriesga demasiado, prueba al canto es la utilización de un delator que poco falta para designarlo asesor ad honorem de la Procuraduría.
El director de SeNaSa, coordinador del Sector Externo con Luis Abinader, encargado de recaudaciones multimillonarias para destinarlas a la permanencia en el poder de su líder y amigo, confiaba en el reincidente chivato para las diligencias desde antes de ser designado en la dirección. Estaba seguro del decreto como recompensa a su trabajo proselitista. “El Gordo”, soplón feliz y opulento, manchado con la tinta del Calamar vuelve a demostrar su invulnerabilidad.
Entre la indignación y la frustración queda el efecto devastador de la codicia. Personas prevalidas de su condición de intocables actuaron sin conmiseración para las víctimas de sus tropelías.
Cuando la institucionalidad es temerosa, cercada por la complicidad, queda el consuelo sin sentencia como dijo la vicepresidenta: “espero que castiguemos socialmente a cada una de esas personas”.
La política criolla necesita alimañas y cuando los grupos cívicos participan en la subasta el silencio ayuda.
Asombro no hay, manipulación sí. Para la vergüenza queda aquella delirante multitud instalada en la Plaza de la Bandera, convencida de su virtud, que al ritmo de “se van”-2020-arrastraba la dignidad ajena hasta el precipicio de la deshonra.
Quizás alguien está gestionando financiamiento para organizar otra jornada similar “espontánea”. Motivos sobran.
