Por: Cristóbal Rodríguez Gómez
.- Las acciones perpetradas por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela desde la madrugada del tres de enero constituyen, en más de un sentido, típicos actos de agresión, definidos como «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado.»
Con el pretexto de deponer el régimen autoritario y dictatorial que ha gobernado Venezuela durante el primer cuarto del siglo XXI, el gobierno de EE. UU. decidió: I) utilizar la fuerza militar para violar la integridad territorial de un Estado, II) asumir el control político del mismo y, III) tomar la administración de su riqueza petrolera. Por si hay dudas: se trata de pronunciamientos explícitos, precisos y reiterados del presidente estadounidense.
No hubo nunca ningún rastro de preocupación por los derechos de la gente, ni por la democracia venezolana. Solo un escalofriante cálculo de ganancias e intereses, mediante la gestión de la explotación de las inmensas riquezas naturales de un país.
Con el control de Donald Trump del proceso político -que es lo que supone la auto-atribuida decisión sobre quién gobierna Venezuela y en qué condiciones-, ¿dónde queda la independencia política de ese país? Con la decisión de poner en manos de la segunda persona al mando del régimen de Nicolás Maduro – la misma que había recibido drásticas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea por «socavar la democracia», «quebrar el orden constitucional» y por la comisión de groseras violaciones de derechos humanos, ¿en qué lugar quedan la democracia y el Estado de derecho por los que tiene décadas luchando el pueblo venezolano? Con la administración de las mayores reservas petroleras conocidas del planeta ¿dónde queda la independencia económica y su singular impacto sobre las condiciones de independencia política?
Son entendibles las reacciones de apoyo que la actuación de la administración Trump han suscitado en una buena parte de la población venezolana, y en una parte apreciable de la población de otros muchos países. Dada la tenebrosa oscuridad en que el régimen dictatorial sumió durante lustros a esa sociedad, no es difícil encontrar alivio en medio de una madrugada de rayos y centellas, que con sus haces de luces permiten atisbar la claridad desde las profundidades del abismo. Son reacciones muy humanas ante situaciones extremas. Hay que comprenderlas. Pero no hay que engañarse. Con el fulgor de las luces llegó también el estropicio de las descargas eléctricas, y sus consecuencias son impredecibles.
Porque la ostentación del despliegue militar que antecedió la agresión, de la sofisticación y letalidad de las armas, de las herramientas de inteligencia utilizadas, así como de la retórica belicista intensificada desde la Casa Blanca en las últimas semanas, trascienden en mucho el interés por Venezuela y sus riquezas.
Forman parte de la liturgia de un poder librado de cualquier noción de límites, que no sean los que dicte el código moral del presidente en el gobierno. Son la ritualización pagana de una estrategia de dominio de marcados tintes neocoloniales, de la que forman parte intrínseca el desparpajo exhibicionista de sus voceros, el desprecio explícito por el derecho internacional, la apología sin reservas de la fuerza bruta y el delirio de imponer por la fuerza su voluntad.
Las amenazas de intervención en países como México, Cuba, Nicaragua, Colombia, o Dinamarca, a través de la toma de Groenlandia, son solo ejemplos. Esas amenazas son también contrarias al derecho internacional. Pero el desprecio explícito por el orden jurídico internacional y sus instituciones rectoras es parte constitutiva de la estrategia de poder de un gobierno que ve en cualquier atisbo de orden y de institucionalidad, una retranca para el logro de sus propósitos de dominio.
En el estado de naturaleza se impone siempre el más fuerte. Y cuando se mira en el espejo de la autocomplacencia, el actual gobierno de Estados Unidos se percibe como el rey de esa jungla en que deviene toda estructura de poder transnacional sin reglas que lo disciplinen. La única libertad que reivindica, es la de perseguir sus intereses, aún si para ello tiene que someter al resto de la comunidad internacional al imperio de su designio.
He leído a muchos pretender que la agresión contra la integridad territorial y la independencia política y económica de Venezuela se justifica porque la «comunidad internacional» no podía quedarse de brazos cruzados ante las actuaciones del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero ¿cuál comunidad internacional? No se puede confundir el deber de la comunidad internacional de la que hablan los tratados, con la voluntad unilateral de un gobierno de, con el pretexto de deponer una dictadura, hacerse con el control de un país, de sus instituciones políticas y de sus riquezas naturales.
Si alguien ha brillado por su ausencia en todos estos años de descalabro institucional, violaciones sistemáticas de derechos y pillaje electoral en Venezuela, ha sido la comunidad internacional. Ni la Organización de Estados Americanos, ni las Naciones Unidas, han sido capaces de hacer valer el derecho internacional, en el sentido de: i) adoptar «las decisiones que estime (n) apropiadas», en caso de que «en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático» (artículo 20 de la Carta Interamericana de Derechos); ni de «mantener la paz y la seguridad internacionales» (artículo 1, y primer propósito declarado de la Carta de las Naciones Unidas).
El llamado orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin. Hace ya mucho tiempo. No sirve de marco para hacer frente a los desafíos más acuciantes que tiene por delante la humanidad: el retorno de la amenaza nuclear, la perspectiva de una catástrofe climática, la voracidad expansionista de las grandes potencias, las consecuencias indeseadas de la revolución tecnológica, o la creciente desregulación del capital transnacional.
Quizá en el momento culminante de su exploración sobre el absurdo y la misteriosa lógica del poder, Albert Camus personifica en Calígula los estragos a que puede conducir la pulsión por el poder absoluto. La historia es esta: Tras la muerte de su esposa, el emperador desaparece por varios días, generando honda perturbación en el imperio. Reaparecido en los jardines de Palacio, lo interpela Helicón que le dice «pareces cansado» a lo que Calígula responde «he caminado mucho».
El todopoderoso emperador había emprendido la búsqueda de lo imposible y, por supuesto, se le dificultaba alcanzarlo. «Y qué es lo que querías?», vuelve a preguntar Helicón. «La luna», responde con absoluta naturalidad. «Y para qué?» (…) «Bueno… es una de las cosas que no tengo».
Ante el desconcierto de Helicón, le aclara: «… Pero no estoy loco y aún más, nunca he sido tan razonable. Simplemente, sentí en mí, de pronto, la necesidad de lo imposible. Las cosas, tal como son, no me parecen satisfactorias (…) por eso necesito la luna o la felicidad, o la inmortalidad, algo descabellado quizá, pero que no sea de este mundo».
En este punto Helicón, casi compasivo, le dice: «No te ofendas Cayo por lo que voy a decirte, pero deberías descansar.» A lo que, no sin cierta desazón, responde el emperador: «No es posible Helicón, ya nunca será posible (…) Si duermo ¿quién me dará la luna?»
¿Qué le puede faltar a quien lo tiene todo simbolizado en el poder absoluto? Tan sólo lo imposible, entendido como el intento estéril de calmar la sed de poder a través del poder, del esfuerzo denodado por conservarlo y consolidarlo. En ese propósito no hay tregua posible porque se trata de una pasión en la que están comprometidos los sueños y la vida misma de quien es poseído por ella.
¿Están todavía la población estadounidense, los poderes y la ciudadanía transnacional en condiciones de frenar este proceso? Solo el tiempo lo dirá.
