Distrito Nacional, RD.- Varios gremios e instituciones periodísticas de la República Dominicana, cuestionaron la decisión de la jueza presidenta del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional quien impuso medidas cautelares contra los comunicadores Ramón Miguel Gutiérrez Jerez (Nelson Gutiérrez) y Joan René Santana, (El Francotirador), para complacer al exdirector de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien lo acusó de presunta difamación, injuria y calumnia.
Los dirigentes de las instituciones emitieron las declaraciones durante una rueda de prensa este jueves 19 de marzo, en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en la que calificaron la decisión de la magistrada Patricia Padilla como extralimitación, abuso de poder, intolerancia, violatoria a los más elementales principios de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Tras manifestar su posición al respeto, Luís Pérez, presidente del CDP; Gabriel Cruz, presidente de Instituto de Previsión y Protección de Periodista (IPPP); Nelson Gutiérrez, presidente de la Consejo Nacional de los Derechos Humano (CONADEHU); René Polanco, presidente del Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión; Olivo De León, coordinador del Movimiento Marcelino Vega (MMV); dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Luis Ney Romero, Coordinador Nacional, del Colegio Dominicano de Locutores (CDL), y de la Red de Jóvenes de los Medios de Comunicación (REJMECOM), coincidieron en que no seguirán tolerando este tipo de atropellos.
Consideraron deplorable la actitud complaciente de la magistrada Padilla, quien impuso, como medida de coerción a Gutiérrez, el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, cumplir con presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país; mientras que, contra Joan René Santana, la jueza dispuso la medida de presentación periódica ante el tribunal.
En tal sentido, Nelson Gutiérrez, reiteró que una auditoria realizada por la misma jefatura de la Policía Nacional, a la cual tuvo acceso y se hizo eco, es la que sustenta las anomalías cometidas por Guzmán Peralta, que revela un desfalcó de unos 441 millones de pesos cuando estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Sin embargo, consideran como arbitrario, abusivo y violatorio de derecho, que a Gutiérrez le hicieran pagar una garantía económica para salir de un arresto preventivo sin que se haya leído la sentencia, prevista para el próximo 22 de este mes de marzo 2026.
Advirtieron que una vez se lea y notifique la decisión de la jueza Padilla, la apelarán, en procura de que sea corregida.
Dijeron que todo esto se originó porque Gutiérrez se hizo eco de los resultados de una auditoría realizada a la gestión de Guzmán Peralta, en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en la que se cometió un desfalcó de unos 441 millones de pesos mediante maniobras fraudulentas a través de compras, pagos, cajas chicas y contrataciones realizadas sin agotar procedimientos internos ni soportes legales.
La denuncia que formuló Gutiérrez, basado en la auditoría realizada y ordenada por la dirección de la Policía Nacional, mediante el memorándum 8821, también involucra a los asistentes especiales del hoy jefe policial, el mayor Omar Cabrera y el capitán Rodolfo Ramírez.
Explicaron que Gutiérrez, asumiendo una gran responsabilidad, entregó una copia al presidente Luís Abinader, y depositó los resultados de la auditoría, ante el magistrado Wilson Camacho, procurador general de persecución, y a la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dirige la magistrada Mirna Ortiz.
