Por: Esther Sanchez
.- San Juan, conocida como el “Granero del Sur”, enfrenta hoy una de las tensiones más delicadas de su historia reciente. La presencia de la empresa minera GoldQuest, con planes de explotar un yacimiento de oro, plata y cobre, ha encendido una firme resistencia social en una provincia donde el agua y la tierra son la base de la vida productiva.
El conflicto no es menor. La posible explotación se ubicaría a escasa distancia de la cuenca del río San Juan, eje vital para la agricultura local. De ahí que organizaciones comunitarias, ambientalistas y amplios sectores sociales hayan salido a las calles con un mensaje contundente: rechazo total a la minería metálica en la zona.
La convocatoria a un paro de 24 horas este lunes 27 de abril, bajo consignas en defensa del agua, la tierra y la salud, refleja el nivel de preocupación y movilización. A esto se suma el respaldo de autoridades locales y actores políticos de oposición que han fijado una postura clara contra el proyecto.
Sin embargo, en medio de esta efervescencia social, persiste una interrogante clave: ¿cuál es la posición del Gobierno? Hasta ahora, el silencio o la ambigüedad oficial contrastan con la firmeza de las comunidades, generando incertidumbre sobre el rumbo que tomará el Estado frente a un tema de alto impacto ambiental y social.
La empresa, por su parte, se ampara en estudios de impacto ambiental —financiados por la propia minera— cuyos resultados aún se esperan. Este hecho añade otra capa de desconfianza en una población que teme que los intereses económicos prevalezcan sobre la sostenibilidad.
El caso de San Juan no es aislado. Otras empresas como Unigold y Belfond Enterprises también operan en el país, ampliando el debate sobre el modelo de desarrollo y el uso de los recursos naturales. Organizaciones como la Coordinadora Popular Nacional han advertido que la lucha se extenderá a otras provincias y, de ser necesario, hasta el propio Palacio Nacional.
Las comunidades miran con preocupación el precedente de Cotuí, donde la explotación minera por parte de Barrick Gold en Pueblo Viejo ha dejado huellas profundas: denuncias de contaminación, afectaciones a la salud y desplazamientos poblacionales.
La discusión, en esencia, trasciende la minería. Se trata de definir qué tipo de desarrollo quiere el país y cuál es el papel del Estado como garante del equilibrio entre inversión, medio ambiente y bienestar ciudadano. En ese escenario, el silencio no es opción. La sociedad espera una respuesta clara.
