Por: Fidel Lorenzo
.- Cada vez que una nueva ley entra en vigor en la República Dominicana, se desata una ola de temores, advertencias y pronósticos catastróficos. La entrada en vigencia del nuevo Código Penal no ha sido la excepción. Hay quienes actúan como si, de la noche a la mañana, el Estado dominicano se hubiera convertido en un modelo de eficiencia en la aplicación de las leyes.
La realidad es otra.
Nuestro mayor problema nunca ha sido la ausencia de leyes. Por el contrario, el país cuenta con un amplio marco jurídico. El verdadero déficit ha sido la incapacidad o la falta de voluntad política e institucional para hacer cumplir las normas con igualdad, firmeza y continuidad.
El mejor ejemplo es la propia Constitución de la República. La reforma constitucional de 2010 ordenó la aprobación de numerosas leyes indispensables para desarrollar sus disposiciones. Dieciséis años después, varias de ellas siguen archivadas en el Congreso Nacional, mientras otras se aplican de manera parcial o simplemente se ignoran. Si la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico, no ha sido plenamente desarrollada ni respetada, ¿por qué asumir que el nuevo Código Penal será ejecutado con una eficacia impecable?
La preocupación no debería ser únicamente el contenido del Código Penal, sino la debilidad histórica de nuestras instituciones para garantizar el cumplimiento de cualquier ley. La impunidad, la selectividad en la justicia, la lentitud de los procesos y la falta de consecuencias para quienes violan la ley han erosionado la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
Una sociedad no se transforma por la simple promulgación de una ley. Se transforma cuando existe la decisión política de aplicarla sin privilegios, sin excepciones y sin discriminación. Mientras esa voluntad no exista, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en otro documento más para adornar los archivos oficiales.
El país necesita menos dramatismo y más institucionalidad. Menos discursos sobre el rigor de las leyes y más compromiso con su cumplimiento. Porque el verdadero desafío no consiste en aprobar normas cada vez más severas, sino en construir un Estado donde nadie esté por encima de la ley y donde las instituciones funcionen con independencia, transparencia y eficacia.
La historia reciente demuestra que en la República Dominicana el problema no ha sido el exceso de aplicación de las leyes, sino precisamente lo contrario: su incumplimiento sistemático. Esa es la deuda pendiente del Estado con la sociedad y el verdadero reto que ningún Código Penal, por sí solo, podrá resolver.
