Por: Carmen Imbert Brugal
.- Admitir tropiezos escapa de la agenda salvífica y fundacional de la patria nueva. Las equivocaciones son inexistentes y cualquier acción que antes tenía categoría de infracción se convierte en error y siempre será subsanable.
El afán de reformas y méritos comenzó desde el triunfo. Transcurridos cuatro años y 10 meses de mandato, si algún adulón se le ocurriera bautizar una provincia con el nombre del presidente, tendría respaldo.
Aunque las nuevas leyes no se apliquen continúa la promulgación y sirve más para complacer peticiones que para remediar.
El celo con la ratificación de la independencia del Ministerio Público y con la asepsia de la Procuraduría General de la República-PGR- permitieron no solo el descuido sino el abandono del sistema penitenciario dominicano.
Las consecuencias son espantosas gracias a una indiferencia inexplicable. Sin reacción oficial se hundía aquello en el cieno de la irresponsabilidad y la inercia. El presidente permanecía ajeno e indemne a la crisis. La canalla encerrada poco importaba si los cuellos blancos estaban privados de libertad sin sentencia condenatoria, pero con respaldo popular.
El hombre más informado del país nunca estuvo al tanto de los sucesivos informes de la “Oficina Nacional de Defensa Pública” describiendo las estafas, extorsión, secuestros, suplantación de identidad, asesinatos, que se planifican desde las cárceles. Tampoco estuvo enterado de las condiciones dantescas de los recintos carcelarios, jurisdicción fuera del milagro económico donde la tortura, la prostitución, las enfermedades que se creían ausentes en la población, son parte de la rutina.
La empatía con la PGR y su calidad solo se ha medido por el éxito de la PEPCA, lo demás es incómoda etcétera.
El colapso del sistema motivó la vuelta al ruedo del inefable e imprescindible asesor penitenciario. Sin reparar en antiguos afectos y dejando atrás su cercana colaboración con la cabeza de la PGR comenzó el proceso de denuncias e imputación de faltas a funcionarios que lo asumieron como consejero y ejecutor de proyectos.
El antiguo director de la Escuela Nacional Penitenciaria convenció al presidente de la utilidad de conversar con él y no con las autoridades correspondientes para enfrentar el horror. Comisiones creadas, Las Parras reivindicadas, contratos validados y de asesor pasó a presidir la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria.
El director es protagonista y la ley orgánica que regula el Sistema Penitenciario y Correccional-113-21- no se aplica y la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales parece desplazada.
S in mortificación por la inobservancia de la ley vigente, la esperanza está en la creación del Ministerio de Justicia y ya el Senado conoció el proyecto de ley y votó a favor.
Algunos ciudadanos sienten que merecen el cargo y esperan exhibir un traje confeccionado a la medida de sus apetencias.
Es fácil intuir que el presidente espera el envío para su promulgación. Vale repetir que legiferar no es reformar.
Antes de la creación del ministerio, se impone la modificación de la ignorada Ley 113-21. Ojalá adviertan al presidente y lo motiven a ponderar, si procede, en tiempos de austeridad ficticia, la creación de cinco viceministerios previstos en el proyecto.
