Distrito Nacional, RD.- El desacato a decisiones se ha convertido en una práctica recurrente de la parte que sucumbe en un proceso litigioso.
Entre los principales insubordinados se cuentan instituciones públicas, lo que conlleva que sentencias del Tribunal Constitucional y de otros órganos judiciales queden en letras muerta.
Los abogados consultados René del Rosario, Eugenio Cedeño y Sandro Sánchez refieren que el recurrente incumplimiento representa un quiebre del estado democrático y de derecho.
El artículo 184 de la Constitución, establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
Sin embargo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Decenas de sentencias del TC han sido ignoradas a voluntad por entidades públicas.
En un artículo que escribió el exjuez Rafael Díaz Filpo, titulado «Sentencias desacatadas por el poder» señaló la recurrencia de la Policía Nacional en hacer caso omiso a fallos del alto tribunal.
A la retahila de insubordinados tambié las Fuerzas Armadas, los ayuntamientos y otras dependencias gubernamentales.
