Distrito Nacional, RD.- El 67% de la población cree que las elecciones se definirán en una primera vuelta, según los resultados del primer Estudio sobre Institucionalidad y Preferencias Democráticas en la República Dominicana, presentado por la Fundación Justicia y Transparencia, bajo la dirección y auspicios técnicos de la Empresa Servi-Marketing Interactivo SMI, SRL.
La medición realizada los días jueves 18 y martes 23 de junio, revelo que el 59% de los dominicanos irá a votar el próximo 5 de julio, mientras que un 19% corresponde a los indecisos. La posible alta abstención se debe a que un alto porcentaje le teme al Covi-19, y otros no creen, ni en la política, ni en los políticos.
Trajano Potentini, presidente de la entidad, presentó el estudio, donde explicó que el 86% de los encuestados no favorece el financiamiento público para los partidos políticos, y el 72% desaprueba la labor de estos en la democracia dominicana.
«Al ser cuestionados sobre la credibilidad de la Junta Central Electoral (JCE), y otros órganos del ámbito jurisdiccional, dieron mayor crédito al Tribunal Superior Electoral, con una aprobación del 58%, seguido del Tribunal Constitucional, con un 53%, la JCE, con 42% y el Poder Judicial, con una valoración del 36%», precisó.
Los encuestados identificaron como los principales males de la democracia dominicana, los siguientes: el narcotráfico y la corrupción, el uso de los recursos públicos, la impunidad, la compra de cédulas, el clientelismo y el transfuguismo.También el 79% favorece la unificación de las elecciones municipales el mismo día con las congresuales y presidenciales.
El 82% no cree en la rendición de cuentas que hacen los partidos sobre el gasto en campaña.Una de las preguntas versó sobre la valoración de personalidades públicas del país, (presentando un listado sugerido de 20 personas con características similares y liderazgo en los diferentes escenarios públicos) pero que no estén ostentando candidaturas o tienen altas funciones públicas de alcance nacional, destacándose con la mayor valoración el exalcalde del Distrito Nacional, David Collado, Abel Martínez, seguido por el médico Cruz Jiminian y la periodista Alicia Ortega.
Otros resultados dan cuenta de una alta percepción del 74%, da cuenta de que los políticos y los entes encargados de hacer cumplir las leyes electorales (33-18, sobre partidos políticos, 15-19, de régimen electoral y 41-08 de función pública), no están jugando su rol, ni respetando las referidas leyes; además de que un 77% favorecen la eliminación de los diputados al Parlacen, cuyas funciones y aportes les son prácticamente desconocidos.También fue objeto de muy baja aprobación con un (29%), el rol jugado por el fiscal electoral, cuyas acciones e iniciativas hasta el momento son muy poco conocidas.
La FJT detalló que el estudio abarcó las principales 12 provincias del país, en las que se concentran más del 70% de la población dominicana, a saber, el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, La Romana, Higuey, San Juan de la Maguana, y Barahona, con una muestra de 1,200 personas, ubicadas en la zona urbana, con un 51% de mujeres y 49% de hombres, con edades comprendidas entre los 18 y 75 años, procedentes de las diversas clases y estratos de la sociedad, con niveles de educación y ocupación, desde empleados públicos y privados, estudiantes, obreros, amas de casa, choferes, comerciantes, empresarios y profesionales de distintas áreas; conjugando dicha población una rica variedad de rasgos y características, que lo convierten en una muestra representativa del universo estudiado.
Finalmente, la entidad expresó su preocupación por los resultados arrojados, la falta de credibilidad en los políticos y la política, sumado a la deteriorada imagen y poca fiabilidad de los órganos encargados de hacer cumplir las leyes y el escaso interés y motivación de los dominicanos para participar en política, se traducen en una muy baja calidad de la democracia, que deberá llevarnos a un proceso de reflexión profunda, planteándose los correctivos y acciones de lugar, para garantizar en el futuro la paz pública y la gobernabilidad democrática.
