.- La Lotería Nacional es una entidad autónoma del Estado y como tal le debe garantía de legitimidad a los Consorcios, Agencias y Bancas afiliadas que operan vinculadas, en virtud del principio de presunción de legalidad y buena fe.
El principio de presunción de legalidad de la administración pública protege a los empresarios que en ocasión del fraude descubierto recientemente por algunos empleados y servidores de la Lotería Nacional le obliga a indemnizar pagándoles el dinero que estos hayan perdido a consecuencia de esas malas artes.
En efecto, la Ley 139-11 confiere al Ministerio de Hacienda la facultad de autorizar y la Lotería Nacional de supervisar las operaciones de las empresas privadas de lotería, bajo el amparo del Estado que les da legitimidad a cambio y costas del cobro de cuantiosas sumas de dinero por registro, actualización, interconexión e impuestos.
El Reglamento No.1-09 dictado por Resolución del Ministerio de Hacienda, sobre operación de loterías, agencias y Bancas afiliadas a propietarios privados, indica que esa entidad como «ente regulador de los juegos de azar» tiene la obligación de proteger los derechos de los jugadores, garantizar la legalidad de los mismos y salvaguardar la legitimidad de los consorciados, que operen legalmente.
Ese Reglamento, que regula regula sobre la operación de loterías, agencias y Bancas afiliadas a propietarios privados, indica que esa entidad como «ente regulador de los juegos de azar» tiene la obligación de proteger los derechos de los jugadores, garantizar la legalidad de los mismos y salvaguardar la legitimidad de los consorciados, que operen legalmente.
Esto es así, del mismo modo que esos empresarios le debe garantías al público por los fraudes de sus los empleados que manipulen los sorteos realizados por la Lotería Nacional, y esta tiene que responde por ellos ante los terceros, semejante a los cajeros en un Banco Comercial que un usuario le entrega su dinero aunque no le conozca, pero confiado en la credibilidad de la entidad bancaria, de manera que esta le tiene que responder por lo que esos empleados hagan de manera incorrecto.
Se trata de una relación jurídica de competencia, en que la Lotería Nacional o el Estado tiene que pagar a los empresarios y estos a los jugadores que no sean parte del fraude realizado por sus empleados.
