Distrito Nacional, RD.- El Partido Revolucionario Dominicano instruyó a su bloque de diputados procurar la aprobación de una ley de extinción de dominio «cuyo ámbito de aplicación alcance desde el crimen transnacional como el narcotrafico, el trafico de armas, la elusión fiscal hasta la corrupción administrativa».
Sin embargo, la entidad opositora entiende que la legislación debe resguardar las garantías constitucionales establecidas para la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley y el derecho de propiedad.
«Nuestro partido considera que la ley en discusión debe observar la protección del derecho de propiedad, en las condiciones establecidas por el artículo 51 de la Constitución, además de un plazo de prescripción de 20 años», estableció a través de una comunicación.
A continuación texto íntegro
El Partido Revolucionario Dominicano ha manifestado siempre su compromiso con la transparencia, el manejo pulcro de los fondos públicos, la generación limpia de riqueza apegada a la Constitución, las leyes y las buenas costumbres sin defraudar, ni burlar el deber de contribuir con el fisco que tenemos todos los ciudadanos.
Es en esa virtud, que luego de estudiar el referido proyecto de ley y, sobre todo, atendiendo a las posturas sobre el mismo asumidas la comunidad jurídica dominicano, consideramos oportuno y necesario que en el país se establezca la figura de la extinción de dominios, como un mecanismo para enfrentar el enriquecimiento ilícito originado en actividades como el narcotrafico, la corrupcion administrativa, la evasión tributaria, la elusión fiscal, el tráfico de armas, entre otros.
Apoyamos la aprobación de una ley de extinción de dominio que, por su carácter orgánico, garantice claramente el respeto a los principios de irretroactividad de la ley y la presunción de inocencia, principios estos resguardados y plasmados en nuestra Constitución.
En ese mismo orden, nuestro Partido considera que la ley en discusión debe observar la protección del derecho de propiedad, en las condiciones establecidas por el artículo 51 de la Constitución, además de un plazo de prescripción de 20 años. Por tales razones, instruimos a nuestro bloque de diputados a procurar la aprobación de una ley de extinción de dominio cuyo ámbito de aplicación alcance desde el crimen transnacional como el narcotrafico, el trafico de armas, la elusión fiscal hasta la corrupción administrativa, y en la cual se refuercen las garantías constitucionales establecidas para la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley y el derecho de propiedad.
El PRD se reitera en la mejor disposición de trabajar junto a las demás fuerzas políticas en la construcción de un consenso que desemboque en la aprobación de una ley de extinción de dominio que, sin vulnerar ningún derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución, sea una herramienta eficaz para perseguir el enriquecimiento ilícito en todas sus formas.
