Por: Osvaldo Santana
.- La inseguridad ciudadana, junto a la inflación, constituye el eje de mayor preocupación para el poder en República Dominicana. Y quizás por ello, los hechos que provocaron la muerte de tres personas y otras cinco heridas en uno de los barrios del municipio de Santo Domingo Norte levantaron de sus asientos a varios de los funcionarios responsables de la estrategia en desarrollo “Mi país seguro”.
Hasta abril de este año, al margen de que cada determinado período, quizás 30 días, ocurren hechos violentos escandalosos, las cifras registradas no eran suficientes como para que los ánimos se alteraran tanto.
A esa fecha, el ministerio de Interior y Policía estaba conforme con el dato de que la República Dominicana ocupaba el quinto país de Latinoamérica con mejor desempeño en el manejo de la violencia en la región.
Según un boletín del ministerio, entonces el país apenas estaba detrás de Chile, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, con los niveles más bajos de homicidios, con una tasa de 11.1 por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio regional de 20.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Chile con una tasa de 3.6; Nicaragua 5.7, Paraguay 7.4, y Uruguay 8.5, según los datos suministrados a los medios por el mismo ministerio de Interior y Policía.
La cuestión sin embargo es que más que las cifras de homicidios por cada 100 mil habitantes, inquieta a la población la ocurrencia de hechos violentos no importa su naturaleza, que se repiten en su entorno, y así lo reflejan los medios de comunicación cuando analizan la violencia o la inseguridad ciudadana.
Listín Diario registraba que, hasta agosto de este año, más de 700 personas habían perdido la vida por homicidios y feminicidios, una media de 87 personas cada mes.
Según cifras oficiosas, la mayoría de esos hechos violentos son el resultado de riñas entre vecinos, en los hogares y entre particulares en general. Según datos de la Procuraduría General de la República el 64 por ciento de las muertes se tipifican como violencia social, sea violencia en el hogar o riñas callejeras.
El resto, un 36%, sería por acción de la delincuencia organizada, narcotráfico, sicariato, enfrentamientos entre bandas criminales, ladrones, o la ratería que azota todo el país. Sin embargo, la mayor parte de esos homicidios ocurren en el Gan Santo Domingo, con la provincia del mismo nombre a la cabeza, Santiago y Barahona.
Causas sociales
Los entes de poder y los actores sociales y políticos reconocen que más allá de la violencia social y la delincuencial, lo mismo que estimulada por los agentes llamados a combatirlas, existen factores sociales que la estimulan.
Y se plantean acciones multisectoriales orientadas a contener las tendencias violentas, que en la práctica no suelen materializarse y que involucrarían a diferentes agencias públicas y a los actores económicos asociados a la generación de riquezas.
Los expertos en el estudio del comportamiento sugieren que el aumento de los conflictos sociales, la violencia, la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el sicariato, están asociados a la inequidad social y a la pobre formación de los ciudadanos.
El siquiatra José Miguel Gómez Montero sostiene, según una publicación del diario Hoy del 4 de octubre, que el aumento de la violencia social también está asociado a una expansión de las zonas urbanas marginales cuyos pobladores no se benefician del crecimiento económico, no cuentan con los servicios de la vida urbana y predomina el hacinamiento y la desigualdad.
La violencia entre los dominicanos
El incidente en que el alcalde del distrito municipal de El Aguacate, en Arenoso, provincia Duarte, resultó herido aparentemente por un agente policial, es un vivo ejemplo de una combinación de intolerancia y de exceso de autoridad. Un alcalde excesivamente empoderado que intentó imponer sin razón su “autoridad” sobre un agente de la Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett), que hizo casi lo imposible para evitar el cuadro que al final tuvo un desenlace sangriento.
En algunas ocasiones, agentes policiales se exceden en el desempeño de sus funciones, pero ahora vemos como ciudadanos comunes se rebelan contra agentes uniformados, irrespetándolos o agrediéndolos físicamente.
La violencia, sociedad y la política
Cada vez que la violencia hace pico, provoca la reacción de los actores sociales y políticos y se cuestiona la política pública de seguridad ciudadana. En las últimas décadas no ha habido una Administración que no sea objeto de críticas a consecuencia de la violencia y la inseguridad.
Es un tema que atañe a todos. Algunas encuestas indican que de cada cinco dominicanos interrogados alguna vez respecto a si han sido objeto de un atraco o asalto con violencia, cuatro responden afirmativamente.
Igual, la inmensa mayoría de los dominicanos anda atemorizada a consecuencia de la inseguridad. La generalidad de las personas teme ser atacada en la calle y hasta en sus casas. Muchas historias están registradas en los medios de comunicación tradicionales o son divulgadas en las redes sociales.
Nueva vez, la administración de Luis Abinader se confronta con un resurgimiento de la violencia. Esta vez, el escenario se repitió en Villa Mella, al norte del Distrito Nacional, una de las zonas donde la violencia marca los mayores índices en la República Dominicana.
