Lima, Perú.- La aventura golpista del presidente Pedro Castillo en Perú no resultó nada bien para él. Horas después de anunciar que disolvería el Congreso, mediante una maniobra inconstitucional, el legislativo lo destituyó y efectivos de la Policía Nacional del Perú lo detuvieron a bordo de una camioneta.
El exmandatario, quien agota prisión preventiva de 10 días por los delitos de presunta sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, podría encarar una condena de 20 años de prisión.
Según el artículo 346 del Código Penal de Perú, que regula el delito de rebelión, Castillo enfrenta entre 10 y 20 años de prisión por su accionar.
“(Quien) se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años, y expatriación”, señala el artículo 346 de la Constitución de Perú.
Casos contra Castillo
- Puente Tarata III: se acusa a Castillo de encabezar una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El expresidente habría intercedido en las adjudicaciones de contratos del Ministerio para beneficiar a amigos y familiares.
- Ascensos en las Fuerzas Armadas: se acusa a Castillo de favorecer a algunos oficiales, afines al gobierno, en el proceso anual de ascensos en las Fuerzas Militares.
- Fuga de funcionarios cercanos a su gobierno: se acusa a Castillo de encubrir a familiares y personas cercanas que hoy son investigadas por la justicia.
- Caso PetroPerú: se acusa a Castillo de tráfico de influencias por la adjudicación de obras de manera ilícita.
- Licitaciones en Chota-Cajamarca: se acusa a Castillo de tráfico de influencias por la adjudicación de obras de manera ilícita en las provincias Chota-Cajamarca.
- Licitaciones en las provincias Cajatambo-Lima: se acusa a Castillo de tráfico de influencias por la adjudicación de obras de manera ilícita en las provincias Cajatambo-Lima.
