Distrito Nacional, RD.- El Senado de la República aprobó este miércoles el proyecto que crea el sistema de garantías recíprocas, que busca facilitar el acceso al financiamiento formal de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios públicos o privados.
La iniciativa propuesta por el presidente de ese órgano legislativo, Ricardo de los Santos Polanco, establece que ese sistema estará integrado por las sociedades de garantías reciprocas y las sociedades de reafianzamiento que sean creadas al amparo de esta ley.
El segundo considerando expone que “para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas es necesario contar con mecanismos y esquemas de garantías que les faciliten el acceso tanto a los servicios financieros en mejoras condiciones, como a los no financieros, particularmente las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios públicos y privados, a fin de potenciar su capacidad económica, productiva y generadora de riquezas”.
En otro considerando expresa que una forma de fortalecer ese sector es creando un sistema de garanticas recíprocas, orientado a contribuir en la mitigación de las dificultades que afrontan las mipymes para el acceso al financiamiento formal a un menor costo, que se traduciría en un fuerte estímulo al desarrollo del sector, con un alto impacto en la creación de fuentes de empleo y en el aumento de la producción en general.
Protección a la Discapacidad
En la sesión se leyó hasta el artículo 4, el proyecto de ley de Protección a la Discapacidad, iniciativa presentada por la senadora Faride Raful, la cual tiene por objeto promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad, el respeto a su individualidad y autonomía personal, su inclusión en la comunidad y la erradicación de toda forma de discriminación.
Establece que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública y además instituciones centralizadas o descentralizadas adscritas o dependientes a este, responsables de la prestación de servicios de salud a la población, tiene la obligación de tutelar la protección de la salud de las personas con discapacidad.
