Distrito Nacional, RD.- El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Dubocq, fue demandado en reparación patrimonial conjunta y solidariamente con el Estado por desacatar la sentencia núm. 0030-03-2022-SSEN-00193, del 29 de abril del año 2022, de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, que acogió la demanda en justiprecio que interpusieron los sucesores de Pedro Rolando Cedeño, a quien en 1975 se le expropiación poco menos de 8 millones de metros cuadrados de la Parcela núm. 18 D.C. 10/2, del San Rafael del Yuma, La Altagracia.
La decisión, que adquirió el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, condenó al Estado a pagarle a los descendientes del finado Cedeño la suma mil ochocientos nueve millones quinientos veintitrés mil trescientos treinta y dos pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,809,523,332.5), a razón de RD$230.00 por mt2 expropiado, según avalúo oficial de la Dirección General de Catastro Nacional.
La información la dieron a conocer los abogados Julio Cury y José Alberto Cruceta hijo, quienes afirmaron que, pese a que el 25 de septiembre del 2023, por medio de la comunicación núm. MH-2023-029734, el Ministerio de Hacienda apropió dicha suma en el Presupuesto General del Estado del año 2024 para darle cumplimiento a la referida sentencia, el ministro de Hacienda se ha negado a cumplirla, conducta que, a juicio de los juristas, les ha ocasionado daños antijurídicos a los demandantes.
“Desde la niebla del poder fugaz que ostenta, Jochi Vicente se ha complacido en volverle la espalda a la autoridad de la cosa firmemente juzgada, convirtiendo las previsiones constitucionales sobre el derecho a ejecutar lo resuelto en una proclamación vacía de contenido”, sostuvo Cruceta.
Por su lado, Cury dijo que “En el evangelio del ministro Vicente, lo que ordenan los tribunales vale una mota. Lo suyo es doblemente reprochable, porque además de endosarle al Estado el costo de su soberbia e irresponsabilidad, ofrece de ejemplo el desmantelamiento desde el gobierno de la configuración constitucional del debido proceso”.
El Tribunal Superior Administrativo recibió la demanda el 21 de febrero de este año, y se le pide, entre otras cosas, indexar en otros 178 millones la indemnización acordada a favor de los sucesores de Cedeño, la cual debió pagarse a más tardar el 31 de diciembre pasado, así como también condenar conjunta y solidariamente al Estado y a Vicente Dubocq a pagar 199 millones en daños y perjuicios por la omisión administrativa antijurídica censurada.
