Por: Fidel Lorenzo
.- En la República Dominicana se ha instalado una peligrosa distorsión del concepto de sociedad civil. Para muchos decisores públicos y para buena parte de los medios de comunicación, esta se reduce a un pequeño y recurrente grupo de asociaciones sin fines de lucro que aparecen una y otra vez como “representantes” del sentir ciudadano. Esa visión no solo es errónea: es excluyente y profundamente antidemocrática.
La sociedad civil dominicana no cabe en diez siglas ni en salones climatizados. Vive y resiste en los barrios, en las comunidades rurales, en los bateyes, en las organizaciones de base que acompañan a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, campesinos y trabajadores informales. Son estas estructuras comunitarias las que llegan donde el Estado no llega, las que sostienen derechos cuando las instituciones fallan y las que enfrentan, con dignidad, las consecuencias del abandono público.
Sin embargo, estas expresiones legítimas de participación ciudadana siguen siendo invisibilizadas. No tienen micrófonos, no son invitadas a las mesas de diálogo, no participan en la formulación de políticas públicas ni en los espacios donde se toman decisiones que afectan directamente sus vidas. Se les niega el derecho básico a ser escuchadas.
Mientras tanto, el Estado continúa delegando decisiones estratégicas en una alianza público-privada opaca, voraz y reiteradamente señalada en los principales escándalos de corrupción. Una alianza que, lejos de promover el bien común, reproduce privilegios y profundiza la exclusión, dejando a los sectores más pobres sin acceso real a sus derechos constitucionales.
Esta forma de gobernar no es casual: es funcional a un modelo que prefiere una sociedad civil dócil, concentrada y predecible, antes que una ciudadanía crítica, diversa y organizada desde los territorios.
Es tiempo de romper ese cerco. Democratizar la democracia implica reconocer, fortalecer y abrir espacio real a la sociedad civil comunitaria. Implica crear mecanismos efectivos de participación, transparencia y rendición de cuentas que no estén secuestrados por intereses económicos ni políticos.
El futuro de la nación no puede seguir decidiéndose a espaldas de quienes la sostienen día a día. O ampliamos la participación y recuperamos el sentido público del Estado, o seguiremos profundizando una democracia vacía, incapaz de garantizar justicia social y dignidad para la mayoría.
Aún estamos a tiempo. Pero el tiempo se agota.
