Por: Elías Wessin
.- Que amplias zonas del país permanezcan prácticamente un día entero sin energía eléctrica no es una “falla técnica”, es el síntoma de un modelo agotado, ineficiente y estructuralmente viciado. Es la evidencia de que el sistema eléctrico dominicano, tal como está concebido, no funciona.
¿Quién lo diría? En pleno siglo XXI, en una nación que exhibe cifras de crecimiento macroeconómico, retrocedemos a escenarios que creíamos ajenos. De repente, nos parecemos demasiado a aquellos modelos que durante décadas han demostrado que el estatismo crónico produce escasez, apagones y precariedad.
Sin duda estamos frente a un sistema que requiere cirugía mayor. Y hay cirugías que no admiten anestesia.
El sistema eléctrico dominicano debe ser sometido a una transformación estructural profunda, sin parches, sin paliativos cosméticos y sin más excusas burocráticas.
El modelo híbrido actual (estatismo en distribución, subsidios crónicos, distorsiones tarifarias, pérdidas técnicas y no técnicas) ha demostrado ser financieramente insostenible y operativamente ineficiente.
El problema no se reduce a “más mercado” o “menos Estado” en términos simplistas. El verdadero dilema es la ausencia de un orden económico claro, donde el Estado cumpla su función esencial: establecer reglas firmes, garantizar competencia, impedir monopolios y hacer cumplir la ley; no convertirse en empresario ineficiente ni en árbitro parcializado.
El mercado necesita un marco jurídico confiable, fuerte y predecible. Sin orden competitivo no hay libertad económica real. Y sin libertad económica no hay prosperidad sostenible.
Mientras tanto, en el mismo país, el sector de telecomunicaciones opera bajo un esquema de competencia privada regulada.
Empresas como Claro, Altice y Viva gestionan redes complejas, invierten miles de millones en infraestructura, innovan constantemente y garantizan continuidad de servicio en un entorno altamente competitivo.
¿Por qué la electricidad no puede organizarse bajo un esquema similar? La respuesta está a la vista, no es un problema técnico; es un problema de modelo.
El Estado dominicano ha demostrado reiteradamente que no es eficiente gestionando empresas de servicio público. Pero sí debe ser eficiente regulando, supervisando y sancionando.
En nuestra perspectiva, el Estado no desaparece se concentra en garantizar reglas claras, competencia real, estabilidad jurídica y disciplina fiscal.
El sector privado, bajo ese marco institucional serio y transparente, puede y debe operar con eficiencia.
Proponemos:
1. La reestructuración profunda del esquema de distribución eléctrica, abriendo espacio real a la competencia, evitando monopolios regionales cerrados y fomentando concesiones bajo estándares estrictos de desempeño.
2. La eliminación progresiva de subsidios generalizados que distorsionan el mercado y castigan al contribuyente responsable, sustituyéndolos por mecanismos focalizados y transparentes que protejan únicamente a los sectores verdaderamente vulnerables.
3. La implementación de contratos de concesión exigentes, con metas claras, medibles y auditables de reducción de pérdidas y calidad de servicio, bajo penalidades automáticas por incumplimiento.
4. Un ente regulador verdaderamente independiente, técnico y despolitizado, con autonomía funcional y presupuestaria, que actúe como garante del orden competitivo y no como instrumento del poder de turno.
5. Transparencia absoluta en costos, tarifas e inversiones, sometiendo el sistema a auditorías permanentes y a la rendición pública de cuentas.
No podemos seguir financiando ineficiencia con los impuestos de los dominicanos.
El sistema eléctrico no es solo un servicio; es la columna vertebral del aparato productivo, la seguridad ciudadana y la calidad de vida.
Cada apagón es una pérdida económica, una afectación a la educación, a la salud y a la competitividad nacional.
La República Dominicana necesita un modelo eléctrico del siglo XXI, basado en un orden competitivo, disciplina fiscal, responsabilidad contractual y supremacía de la ley, no un esquema heredado del estatismo del siglo XX.
El crecimiento económico no puede sostenerse sobre “cables frágiles” y decisiones políticas cortoplacistas.
Es momento de asumir con valentía lo que muchos saben pero pocos se atreven a decir:
Sin una reforma estructural profunda del sistema eléctrico, sustentada en un verdadero orden económico competitivo, no habrá desarrollo sostenible.
Y esa reforma debe comenzar sin pérdida de tiempo.
